A partir de septiembre, los conductores que sean descubiertos en estado de ebriedad en la Argentina deberán entregar su licencia de conducir al personal policial y si bien podrán continuar su camino, lo harán con un comprobante denominado “Boleta de Citación al Inculpado”. Sólo cuando enfrenten a un juez de faltas y abonen la correspondiente multa podrán recuperar su licencia, según informó el diario Clarín, que explicó que “la disposición, contemplada en la ley de seguridad vial, ya fue acordada por las 16 provincias adheridas a la legislación y se pondrá en marcha el mes que viene”.

De esta forma, quien esté manejando con alcohol en sangre por encima de los límites permitidos (0,5 gramos por litro para los automovilistas, 0,2 para los motociclistas, y 0 en el caso de los profesionales) se quedará sin el registro por un mes. “Además, está previsto el arresto para el que supere el gramo de alcohol en sangre”, puntualizó el matutino, que detalló: “El mecanismo será sencillo: el policía le retirará la licencia al infractor y le dará un comprobante que le permitirá seguir manejando. Ese comprobante tiene una vigencia de 30 días. Durante ese lapso, el infractor deberá enfrentarse con el juez de faltas que corresponda a su jurisdicción, quien, además de someterlo a la sentencia (la multa), le generará un antecedente que servirá para incrementar la pena en caso de reincidencia o, incluso, para una medida más drástica, como la inhabilitación”.

En ese último caso, de inhabilitación, “el castigo irá creciendo en tiempo a la par de la reincidencia: desde nueve meses y hasta años sin manejar, de acuerdo a la cantidad de veces que haya violado las normas”, según se explicó. “Si el infractor no se presenta en 90 días, la ley es tajante: se destruirá la licencia retenida y caducará la habilitación para conducir hasta tanto no obtenga una nueva licencia, que por supuesto será entregada una vez que pague la multa y por la que tendrá que aprobar un examen teórico y práctico”, cerró el artículo. La disposición funcionará en todas las provincias, menos en las que todavía no adhirieron a la ley, como Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Corrientes, Catamarca y Misiones.



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